“Es inadmisible que los Estados aprovechen la pandemia para militarizar sus fronteras”
Esta fue una de las frase más duras y contundentes expresadas sobre el final del 179° período de sesiones, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por primera vez sobre la creciente militarización de las fronteras en Latinoamérica y enfatizó en la obligación de los Estados de privilegiar un enfoque de derechos sobre la migración y solicitantes de la condición de refugiados.
La declaración expresa: A finales de marzo, 24 organizaciones de 8 países de Sudamérica expusimos ante la CIDH numerosas y muy preocupantes situaciones, derivadas del cierre de las fronteras producto de la crisis sanitaria mundial. Las deportaciones masivas, la militarización de los pasos fronterizos, la separación de las familias y la imposibilidad de acceder a la condición de refugiado, fueron algunas de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que reportamos en la Audiencia general.
Tras esta presentación, la CIDH emitió sus primeras recomendaciones hacia los Estados sobre la participación de las fuerzas militares en los procesos migratorios en las fronteras. Los instó a adoptar políticas “que estén orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección”, que respeten la unidad familiar y el principio de no devolución.
En concreto, destacó una serie de medidas dispuestas por los Estados que deben cesar inmediatamente porque constituyen una amenaza para las personas migrantes y refugiadas:
1) externalizar el control migratorio;
2) desplegar las fuerzas armadas, policías militares y otros cuerpos de seguridad con perfil y formación militar en tareas de gestión migratoria fronteriza;
3) aumentar la aplicación de la detención migratoria, y procedimientos de deportación o expulsión que no aseguran las garantías del debido proceso; y
4) limitar el acceso a los territorios de los Estados y a procedimientos migratorios, de asilo o de protección internacional, especialmente utilizando la pandemia y las medidas de respuesta como justificación, lo que afecta también a la migración de retorno de connacionales.
En este sentido, la organización regional reconoció que la participación de las fuerzas armadas en el control migratorio podría ser contraria a la obligación de los Estados de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y contradice los estándares y principios interamericanos. Además aumenta la vulnerabilidad de dicha población al obligarla a buscar rutas aún más alejadas e inseguras para desplazarse y acceder a los territorios de otros Estados.
Las organizaciones de la sociedad civil que firmamos y adherimos a esta nota, celebramos que la CIDH recomiende a los Estados crear e implementar estrategias que garanticen la movilidad humana en la región y la regularización de personas migrantes y solicitantes de asilo. Así como también, abordar las causas estructurales que impulsan a las personas a migrar forzadamente.
Consideramos necesario que se exija a los Estados respuestas eficaces y con la mirada puesta en la garantía de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, para atender el fenómeno del aumento de los ingresos por pasos irregulares y su impacto en el pleno ejercicio de sus derechos.
Por último, nos interesa alertar acerca de las dificultades para acceder a los sistemas de salud y los diferentes programas sociales, que padece la población migrante y refugiada en los países de la región: la condición migratoria no puede ser un obstáculo para recibir la atención sanitaria y de seguridad social necesarias, incluida la vacunación contra el COVID19, en este contexto de crisis.
