La Asociación Civil ADEC (Abogados por el Desarrollo Comunitario) denunció al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ante la Justicia y solicitó que se lo cite a declaración indagatoria.
El motivo de la acción de ADEC es por la presunta clausura de una sala de pediatría del Hospital Muñiz del barrio Porteño de Parque Patricios con el fin de reservarla para pacientes con Covid-19 afiliados a empresas de medicina privada.
La organización de abogados pidió la indagatoria del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós,
En una denuncia basada en las declaraciones realizadas por la infectóloga Gabriela Piovano, quien es con frecuencia consultada en medios de comunicación sobre la situación sanitaria. En una de esas entrevistas la profesional de la salud señaló que el establecimiento sanitario de la calle Uspallata 2272, en la Comuna 4 de la ciudad (donde ella presta servicios) se habría clausurado la Sala 20 de pediatría para convertirla en un espacio de alojamiento exclusivo para socios y afiliados de diversos servicios de medicina prepaga que allí fueran derivados”
La denuncia de los abogados expresa que esta acción constituye por parte de las autoridades sanitarias porteñas un hecho grave “configura un hecho de inusitada gravedad institucional” que se encuadra en el delito de “malversación de caudales públicos”. El artículo 260 del Código Penal establece que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”.
“Siendo que según las afirmaciones de la médica entrevistada el destino de esas instalaciones (la sala 20 de pediatría), serían de uso exclusivo para determinado grupo de personas, ello se daría de bruces con el objetivo fundamental de cualquier institución sanitaria de carácter estatal”, sostiene el escrito.
La causa se tramita bajo el expediente registrado número 1908/2021, en el juzgado federal número 12, a cargo interinamente del juez Sebastián Casanello. La denuncia indicó y cuestionó lo hecho en un hospital público, tras la presunta decisión del gobierno local, “no está dirigido al bienestar físico, mental y social de la comunidad, sino a mantener en reserva ese espacio y equipos en reserva, no para todo aquel que lo precise, sino para un determinado segmento (socios y afiliados derivados de instituciones de medicina prepaga)”.
“Resulta evidente que, de confirmarse la materialidad de los hechos descriptos por la doctora Piovano, Larreta y Quiroz le estarían dando al Hospital Muñiz una aplicación de administración diferente de aquella para la que fue destinado”. El juez de la causa determinara la necesidad o no de un allanamiento al hospital en búsqueda de pruebas que determinen la veracidad de la denuncia o la desestime.
