Se trata de 29 familias continúan sin acceso al gas natural en las viviendas a las que fueron destinadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes no cuentan ni contaron desde su llegada a sus viviendas con gas
La historia señala que en el mes de junio de 2011, como consecuncia de la medidas derivadas del histórico fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo y relocalizar las viviendas de “alto riesgo ambiental”, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) trasladó a las 29 familias desde el asentamiento Luján, cercano al Puente Bosch, hacia un edificio ubicado en Lacarra y Avda. Fernández de la Cruz, construido por la Corporación Buenos Aires Sur en el barrio Villa Soldati que no contaba con conexión a gas.
Se cumplieron diez años la situación es la misma, los vecinos trasladados comprendidos en el Plan de Urbanización y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo, no cuentan con gas en sus casas de la comuna 8. Estas familias las familias obtuvieron la “tenencia precaria” de 29 de las 180 unidades que conforman el edificio ubicado en el cruce de Avenida Lacarra y Fernández de la Cruz, construido por la Corporación Buenos Aires Sur, pero no lograron contar con una conexión de servicios de gas natural por red.
Ahora una década después Gustavo Moreno a cargo de la Asesoría Tutelar N° 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Consumo, dio a conocer la situación mediante un oficio remitido a las organizaciones integrantes del Cuerpo Colegiado de la Causa “Mendoza”, por el saneamiento del Riachuelo y la reubicación de las familias que vivían en el terreno ribereño.
En los últimos días la legisladora porteña María Rosa Muiños del Frente de Todos presentó un proyecto de Declaración para que la Legislatura exprese su “preocupación” ante esta problemática y le pida “al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para su pronta instauración”.
