Se trata de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, un novedoso plan de financiamiento público-privado para impulsar la economía popular y social, es un fideicomiso en el Banco Ciudad por el cual referentes del sector público y del mundo empresario se unen para dotar de una fuente de financiamiento a Unidades Productivas de barrios populares, emprendimientos de la economía social y Cooperativas.
Desde Avenida Piedrabuena 3280, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, dio un nuevo paso para potenciar la economía social y popular de la Ciudad al presentar, junto a más de 50 empresarios y ejecutivos de empresas, una herramienta de financiamiento accesible para potenciar los proyectos productivos de este sector.
María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña expresó durante la presentación en la sede del Ministerio en el barrio de Villa Lugano “El objetivo fundamental de esta nueva iniciativa es continuar con la promoción y el desarrollo desde la producción y el trabajo, para generar un ingreso genuino y sostenible en los sectores populares. El gran desafío que tenemos es crear nuevos marcos que permitan dar herramientas dinámicas y concretas para potenciar el valor de los actores de la economía social y popular”, afirmó Un estudio del Ministerio estimó que en la Ciudad hay unas 500.000 personas que trabajan y se desarrollan en la economía de manera informal y que muchas veces estos emprendimientos tienen barreras estructurales que no le permiten crecer. Una de esas barreras es el acceso al financiamiento tradicional de entidades financieras.
Las unidades productivas o cooperativas suelen ser catalogadas como sujetos de riesgo para los bancos y las fuentes de crédito alternativas son muy costosas. Este fideicomiso del Banco Ciudad, con participación público y privada viene a derribar esta barrera.
Se explicó que el fideicomiso, contempla como uno de los ejes centrales la inversión de privados, y es un vehículo co-gobernado por ellos. Dentro de los incentivos para su ingreso, hay beneficios inmediatos en el pago de ingresos brutos y estratégicos, como la generación de una inversión más eficiente y de mayor impacto social en términos de RSE, la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, 10 y 12 de Pacto Global y una vez que las inversiones logran su desarrollo productivo, tener la capacidad de adquirir productos a precios más competitivos.
Las empresas que ingresen al fideicomiso podrán formar parte del Comité Ejecutivo y tener presencia en el esquema general de gobernanza, que evaluará y decidirá qué proyectos financiar, junto a un Consejo Asesor integrado por 1 especialista en finanzas de impacto, 1 miembro del Ministerio de Hacienda y 1 miembro en representación de Cámaras Empresarias.
Migliore señaló también que es “Un abordaje integral para potenciar la economía social y popular”
Luego de haberse sancionado la ley de impulso a la economía social y popular en la Legislatura en diciembre pasado, desde la cartera de desarrollo humano comenzó un proceso de trabajo integral para abordar los distintos desafíos que presenta la economía social para desarrollarse.
Una de las principales barreras que presentan las unidades productivas es la comercialización y el aumento de la producción. Para ello, el Ministerio comenzó con rondas de capacitación y generó puentes con el sector privado para comenzar un camino de mentoreo. En mayo se llevó a cabo una ronda de negocios con más de 70 empresas participantes que ya se encuentran trabajando en distintos proyectos.
Otro desafío para potenciar la economía social es la informalidad del sector. En ese sentido, en junio se lanzó el RUPEPYS, un registro de emprendimientos sociales y populares que le permite a quienes se inscriben ser acompañados por la Ciudad en un camino hacia la formalización, capacitación y desarrollo en distintas iniciativas. En la octava semana de funcionamiento, ya hay casi 300 unidades productivas y cooperativas inscriptas, un requisito central para poder acceder al financiamiento del FONDES.
En términos de barreras de comercialización, desde el Gobierno de la Ciudad ya se comenzó el camino para que las compras del Estado provengan en un porcentaje determinado desde las unidades productivas de la economía popular.
