El hecho ocurrió en el hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda del barrio porteño de Barracas, en las últimas horas se conoció la noticia de un hecho que habría ocurrido el pasado 1° de diciembre, cuando un interno del Borda falleció luego de ser brutalmente agredido por otro paciente internado en el psicoasistencial.
La crónica del hecho descrita por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en base a testigos presenciales señala que varios internos que presenciaron la golpiza salieron a buscar ayuda al personal de enfermería, pero no encontraron a nadie, ya que el turno noche no cuenta con profesionales en esa franja horaria. “La ausencia de profesionales y empleados, que se suplen con guardias de seguridad o mayor medicalización, afectan el deber de cuidado y generan estos desenlaces. Abrir una causa penal sobre la persona que lo atacó, exclusivamente, criminaliza el padecimiento mental y elude la responsabilidad estatal en la muerte de K.K.M.S”.
Cabe destacar que es la segunda muerte como consecuencia de la desidia en ese nosocomio en apenas 18 meses, por lo que se investiga la responsabilidad del Gobierno porteño en el trágico hecho ocurrido.
La víctima, del trágico suceso, fue un hombre de 41 años y era una persona sorda, requería una intervención médica por tener esa discapacidad, pero no tenía que estar internado en un neuropsiquiátrico. “Esta muerte es un nuevo ejemplo de la institución manicomial como lugar de desidia y abandono estatal. Su muerte podría haberse evitado si el Estado hubiera cumplido su obligación de generar medidas de no repetición, ante casos anteriores como el de Jorge Marcheggiano”, quien fue atacado por una jauría de perros, indicaron desde el CELS.
El Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (ONR), dependiente del ministerio público de la Defensa, pidió a la Justicia que investigue la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad en la muerte de esta persona. Fue la propia titular del ORN, María Graciela Iglesias, quien solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 51 que se investigue la “responsabilidad que cabe al deber de cuidado y debida diligencia del Estado con poblaciones vulnerables”, informó el Organismo.
