Por la restitución de los subsidios habitacionales de emergencia y la vivienda digna y definitiva. La situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, como en el resto del país, es crítica. Casi 400 mil personas habitan en villas o asentamientos sin urbanizar, el 40% de la población porteña es inquilina y debe pagar alquileres que aumentan sistemáticamente producto de la especulación inmobiliaria y el encarecimiento del suelo. Miles de familias se encuentran en la informalidad y deben habitar en hoteles y pensiones por no acceder a los requisitos que un alquiler conlleva, corriendo el riesgo constante de quedar en la calle.
Por parte del GCBA no hay una respuesta efectiva. Mientras se prioriza el negocio inmobiliario y la venta de tierras públicas, hay cada vez más casas vacías y más personas en situación de calle. Lxs trabajadores estamos constantemente al borde del desalojo, expulsadxs por las políticas de distritos económicos que favorecen la quita de impuestos a grandes empresas.
Denunciamos que no se lleva adelante una urbanización real de las villas, no hay planes de vivienda ni créditos para acceder a las mismas, y la asistencia para gente en situación de calle o que está cerca de esa situación es escasa o nula. El presupuesto destinado a programas de vivienda para el 2022 (“Asistencia socio habitacional”, “Asistencia a familias alta vulnerabilidad social”, “Asistencia integral a los sin techo”, “Asistencia inmediata ante la emergencia social”) plantea, en todos los casos, una reducción de la cantidad de gente a ser atendida por los mismos, cuando la situación desde el año pasado se ha ido agravando producto de la crisis social y económica que estamos atravesando.
El subsidio habitacional brindado a través del decreto 690/06 no alcanza para pagar un alquiler en ningun lado (va de 8 a 13 mil pesos dependiendo la composición del grupo familiar), sumado a que los requisitos que se exigen para acceder al mismo son restrictivos y difíciles de cumplir para quienes se encuentran alquilando en la informalidad, ya sea en hoteles familiares o villas, además de que se exige que quien lo perciba ya se encuentre en situación de calle, siendo este precepto inconstitucional.
En el último tiempo, a través de la lucha y la organización de quienes nos encontramos en esta situación, se ha conseguido que se agilicen los trámites para acceder más fácilmente a este subsidio y que se garantice un ingreso de emergencia para quienes estén a punto de ser desalojados. Pero el gobierno de Larreta, a través del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de María Migliore, viene recortando los recursos y busca terminar con esta conquista parcial, que aleja un poco el riesgo de quedar en la calle. De todos modos, alertamos que ningun organismo del estado actúa frente a la cada vez más común negativa de alquilar a familias con niñxs.
Lxs inquilinxs y las organizaciones exigimos que se garanticen los subsidios de emergencia, la atención en especial para mujeres y disidencias víctimas de violencia de género, que no se le niegue más un techo a las infancias y el aumento del monto a un mínimo de $25 mil (más un plus de $5 mil por integrante del grupo familiar), en el camino al acceso a la vivienda definitiva para todxs lxs inquilinxs de la ciudad. Sobre estos puntos esperamos una respuesta favorable de parte del Mnisterio de Desarrollo Humano y Habitat en esta semana, caso contrario avanzaremos con un plan de lucha hasta que se garanticen estas demandas básicas.
