La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 35 de CABA, a cargo de Celsa Ramírez, dio la orden para desocupar el inmueble del primer piso de Olavarría 1107 y expulsar a las cinco familias que lo habitaban desde hace 15 años. En la vivienda del barrio de la boca habitan numerosos personas que se niegan a abandonar su casa, además vecinos del inmueble informaron a la prensa que se trata de un desalojo y irregular y lo calificaron como arbitrario.
Desde la organización Social La Boca Resiste y Propone explicaron que en el mediodía de ayer la Policía de la Ciudad “incumplió el protocolo del Ministerio Público Fiscal porteño, que prevé la presencia del asesor tutelar de menores”, y advirtieron que en la vivienda residen “dos menores y una persona con tratamiento oncológico”.
La Boca Resiste y Propone, es un espacio que reúne a organizaciones sociales, Centros de Salud y Atención Comunitaria (Cesac) y vecinos de la comuna 4, y ayer estuvo presente como siempre lo hace en las problemáticas sociales del barrio de la comuna 4.
Natalia Quinto responsable de Vivienda y Hábitat de la organización social denunció que las cinco familias expulsadas de ese predio no pueden considerarse “usurpadoras” porque “no violentaron el inmueble ni entraron como intrusos” sino que vivían allí desde hace más de una década ya que “la propietaria anterior era quien les alquilaba el inmueble”.
También señaló que “Nosotros le pedimos 45 días a la fiscal y a la jueza para que las familias busquen alquiler y se gestionen los subsidios para el pago pero la fiscal se negó rotundamente, entonces presentamos una apelación que ya está en la Cámara (en lo Penal, Contravencional y de Faltas), donde lo más factible es que resuelvan que estas familias no eran usurpadoras pero el hecho es que ya están en la calle”, en conversación con los medios de comunicación presentes en el lugar de los hechos
Además informaron que el nuevo comprador del inmueble debería haber iniciado “un juicio civil por desalojo”, al tratarse de un predio que estaba ocupado desde hace varias décadas, y al mismo tiempo lamentó que tanto la Fiscalía PCyF N° 35 como el Juzgado 20 del mismo fuero “hayan desestimado las pruebas que aportaron los ocupantes, desde certificados de nacimiento en los que consta este domicilio como boletas de servicios a su nombre que llegan desde hace años a ese lugar.
El abogado de las cinco familias que viven en el PH ubicado en el primer piso de Olavarría y Hernandarias advirtió mediante un escrito operatorio dirigido al Juzgado 20 de CABA que “la ejecución de la medida cautelar ordenada (por el desalojo) implica “una sentencia condenatoria anticipada” que “generaría efectos devastadores” en los residentes.
“Personas trabajadoras, menores de edad y hasta un paciente oncológico quedarían a la intemperie, en una situación de desamparo absoluto”, alertó el abogado, quien atribuyó el juicio por usurpación “a la injusta voluntad de los denunciantes de querer sortear el proceso civil”, un proceso que los nuevos compradores “ya sabían, desde el momento de la adquisición del inmueble, que debían transitar”
