En la mañana de hoy en el marco de la denominada causa Vialidad la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla en el cierre de alegatos de su defensa en el marco del juicio oral por la obra pública, siendo la principal acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos. La fiscalía pidió 12 años de prisión para la ex mandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La vicepresidenta de la nación en el inicio de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 pidió que se investigue a los fiscales del caso Vialidad Diego Luciani y Sergio Mola por el delito de prevaricato.
“Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollando los fiscales Mola y Luciani y además quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio”, afirmo la ex presidenta.
El Pevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.
La misión de los jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso concreto. El ejercicio de esa función se denomina “jurisdicción”, es decir, la esfera o el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario judicial. Cuando un juez se aparta voluntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto, comete un delito del derecho penal que se denomina prevaricato.
Cristina Kirchner también señaló Trajeron de los pelos al juicio para traerme de los pelos a mí” de esta forma se expresó vía Zoom desde su despacho en el Senado de la Nación en el marco del alegato en su defensa en el proceso oral y público por la denominada causa Vialidad.
La vicepresidenta además agregó: “Un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita” y evaluó que los jueces y fiscales que intervienen en el juicio por la obra pública en Santa Cruz “creen que son más que nosotros y pueden juzgar todo”.
Esta asociación ilícita no tiene ni pie ni cabeza, pero es profundamente anticonstitucional, antirrepublicana y anti federal”.
Además dijo irónica: “Llegaríamos al ridículo de que el fiscal no lo sería porque se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita”. “Este juicio es un disparate”, completó.
