En un operativo llevado a cabo por la policía de la ciudad se lograron incautar más de 900 matafuegos truchos en seis inspecciones integrales, en tanto cinco comercios fueron clausurados por falsificación de documentación y actividad ilegal, en el marco de una investigación de cinco meses en los cuales fueron sacados del mercado más de 1.500 extintores apócrifos.
En un operativo conjunto llevados adelante por Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad, junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del Gobierno porteño, son más de 1.500 los matafuegos incautados y sacados del circuito, ya que no están aptos para cuando se los requiere en emergencia.
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), ordenó seis operativos por falsificación de stickers que llevan los matafuegos.
Luego de inspecciones fueron clausurados cuatro locales por orden judicial, en Corvalán al 1700, en Mataderos, en Cátulo Castillo al 2500 de Parque Patricios, en Francisco Bilbao al 3000, en Flores, y en Castillo al 100 en Villa Crespo, en tanto que otro sobre la calle Corvalán tuvo clausura por APRA. También hubo una inspección en otro negocio de Rivadavia al 8000, en Floresta.
En los operativos en cuatro locales fueron incautados 73 matafuegos con etiquetas adulteradas y en cinco comercios sumaron 859 matafuegos con recargas presuntamente apócrifas, todo por un valor de unos 11 millones de pesos. Los dos negocios sobre Corvalán serían recargadoras sin habilitación para esa actividad.
La UFEMA, a través del secretario Ricardo Bomparola dispuso, además de los secuestros, imputar a los propietarios de cuatro de los locales por infracción a los artículos 292 y 296 del Código Penal de la Nación, por falsificación de documento, clausurar los comercios y labrar acta contravencional por infracción al artículo 85 sobre Ejercicio Ilegítimo de una actividad a cinco de los propietarios.
También ordenó el secuestro de la maquinaria de recarga con entrega como depositario judicial al titular. La AGC labró actas de intimación por faltas de seguridad a cuatro locales y APRA clausuró los dos locales sobre Corvalán, en Mataderos por no exhibir certificado de residuos.
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