Más de cien familias que viven en el edifico de la ex textil ubicada en la calle Santa Cruz 140 del barrio de la comuna 4 podrían ser desalojadas en los próximos días, el GCBA decidió no responder a las recomendaciones de la Justicia que determinaban que el gobierno porteño tenía 90 días para ofrecerles una alternativa habitacional. Los habitantes del inmueble explicaron que “Prefieren pagar la multa de 350 mil pesos por mes, antes que utilizar esos recursos económicos para encontrar una solución”.
El edificio que se encuentra en Santa Cruz 140, en la unidad funcional 15 de la manzana de la ex fábrica Selsa, una hilandería abandonada que fue transformada en una cooperativa de viviendas y en el lugar viven 106 familias.
Ante esta situación los vecinos y vecinas que habitan este edificio se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)
Ademas emitieron u comunicado de prensa que expresa lo siguiente:
Los habitantes de Casa Santa Cruz y miembros de la cooperativa de vivienda Papa Francisco ltda; en estado de asamblea y alerta permanente expresamos que en asamblea interna y luego en instancias de asamblea abierta convocada el día jueves 6 del corriente, junto a organizaciones que se siguen sumando y las que vienen acompañando nuestra lucha por el acceso a la vivienda digna y definitiva en la ciudad autónoma de buenos aires; ante la sistemática falta de respuestas de parte de los organismos de acceso a la vivienda correspondientes y ante el inminente desalojo de las 106 familias que aquí vivimos:
Hemos decidido realizar una movilización el día miércoles 12 de octubre a las 10hs en el Ministerio de hábitat y desarrollo humano de la CABA, sito en Piedrabuena N• 3280 exigiendo al Presidente del Instituto de la Vivienda, Gabriel Mraida, que reciba a representantes de la casa para retomar el diálogo interrumpido el 28 de abril y generar una mesa de trabajo que evite el desalojo forzoso y violento.
Convocamos a todas las familias que vivan en la precariedad imposibilitadas de acceder a una vivienda digna o que estén judicializada y prontas a ser desalojadas a que nos acompañen en este reclamo.
En caso de no tener ningún tipo de respuesta e intención de diálogo, nos veremos forzados a extremar las medidas de lucha.
La vivienda es un derecho, no un negocio. ¡vivienda si, desalojo no!
