Así lo demuestra la publicación de una licitación en al que la empresa Villarex S.A. se adjudicó la licitación pública número 69/22 para la tarea del servicio de mantenimiento integral en el conjunto urbano barrio Soldati, rubricado por Julieta Meroño, gerenta general del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
Esta empresa contratada por el Gobierno porteño fue señalada como la responsable de derrumbar por error viviendas en la Villa 31 y dejar a más de 30 familias en la calle. en la ocasión la legisladora porteña del Frente de Todos, María Bielli, explicó que Villarex no cumplió el protocolo que se exige para llevar adelante el operativo de demolición de edificios. Indico la diputada “Tienen que dar aviso a las viviendas linderas con diez días de anticipación, para prevenir, pero las vecinas y vecinos no fueron avisados”, Y agregó: “Además, no aplicaron medidas de seguridad y hubo un derrumbe posterior, que dejó un pasillo muy grande en el que vivían 23 familias. Tuvieron que ser desalojadas e intervino Defensa Civil para que se corrobore que no hay riesgo estructural”.
Villarex la empresa nuevamente elegida por el GCBA es una empresa que fue constituida el 30 de diciembre de 2010 por Marcelo Adrián Arenales y Cecilia Griselda Echavarría, ambos casados y que declaran vivir en la calle Espronceda 2560, de Ingeniero Budge. Una zona que no parece coincide con el posible poder adquisitivo de los responsables de una empresa que gana una licitación para trabajar en un barrio de la ciudad más rica de país.
