El Gobierno ha decidido cerrar cinco fondos fiduciarios tras identificar debilidades en una auditoría, alegando un uso inapropiado de los recursos, falta de controles y resultados insatisfactorios, mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.
Los fondos afectados son: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
El Ministerio de Economía tomó esta medida como parte de una revisión y posible disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, señalando que estos cinco fondos mostraron un “uso ineficiente” de los recursos públicos, así como una carencia de controles y resultados, según un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Se destacó que era necesario cerrar estos fondos “para abordar las ineficiencias o desvíos encontrados que afectan la correcta asignación y gestión de los recursos estatales”
El FONDCE, creado en 2017 con la intención de financiar emprendimientos, ha demostrado ser ineficaz, presentando un alto nivel de morosidad. Hasta finales de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones, con un 58% de los beneficiarios sin haber pagado ninguna cuota. Esto ha comprometido la estabilidad financiera del fondo y la adecuada distribución de los recursos.
El Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria fue cerrado porque sus recursos siempre superaron sus necesidades operativas. La auditoría también reveló que sus bases de datos estaban desactualizadas y sus registros carecían de fiabilidad.
En cuanto al PROINE, establecido en 2020 para fomentar inversiones estratégicas, no realizó operaciones fiduciarias en cuatro años. Asimismo, se encontraron serias deficiencias en el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que debía gestionar bienes confiscados en casos relacionados con trata y explotación. Este fondo será disuelto, pero se mantendrán las acciones para proteger a las víctimas a través del Ministerio de Justicia.
Finalmente, el PROICSA, creado en 2012 para mejorar la competitividad del sector azucarero en el NOA, también será cerrado debido a su alto costo operativo y falta de rendición de cuentas. Su financiamiento se agotó en 2020.Este cierre busca optimizar la gestión de los recursos estatales eliminando estructuras ineficientes y reasignando sus funciones a los ministerios correspondientes.
