El Gobierno nacional ha implementado la conciliación obligatoria ante la inminente amenaza de un paro por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que busca la validación de su acuerdo paritario.
Esta decisión fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano, que actuó en respuesta a una solicitud de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).El conflicto se origina en el reclamo del sindicato liderado por Hugo Moyano, quien exige que el Gobierno homologue el convenio paritario.
La Federación de Camioneros había planeado acciones de protesta que podrían haber detenido el transporte de mercancías en todo el país, lo que generó inquietud tanto en el ámbito empresarial como en la sociedad.
El Gobierno no aprobó un incremento salarial del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero), argumentando que esta cifra podría perjudicar las proyecciones inflacionarias establecidas por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La conciliación obligatoria tendrá una vigencia de 15 días, durante los cuales tanto las cámaras empresariales como el sindicato de camioneros no podrán tomar represalias ni llevar a cabo acciones de protesta.
En este período, ambas partes deberán reunirse para intentar alcanzar un acuerdo que resuelva el conflicto.
Según informes, Caputo habría instruido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, a evitar la homologación de acuerdos salariales que superen el 1% mensual.
En la primera reunión con las tres cámaras empresariales del transporte de cargas, Moyano solicitó un bono de fin de año de $650.000 y un aumento salarial del 5% mensual, cifras que están muy por encima de las proyecciones inflacionarias del Ministerio de Economía.
Tras varias reuniones, los empresarios lograron reducir el monto del bono a $600.000, pagadero en cuatro cuotas, y se llegó a un principio de acuerdo entre las partes.
Sin embargo, la Secretaría de Trabajo se niega a homologar dicho acuerdo, lo que impide a las empresas implementar el incremento acordado hasta recibir la aprobación del Gobierno.
