El magistrado Roberto Gallardo, titular del Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había dispuesto que el Gobierno porteño coordine el operativo de seguridad de la marcha de jubilados, con la Policía de la Ciudad al frente de la custodia de los manifestantes.
Gallardo hizo lugar este domingo a la solicitud presentada por Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT, y Walter Alejandro Gramajo, en secretario general de la UTEP, y dispuso que el Gobierno porteño coordine el operativo de seguridad de cara a la próxima marcha de jubilados, a realizarse el miércoles que viene, con la Policía de la Ciudad al frente de la organización de la custodia de los manifestantes.
En las últimas horas, la Procuración General porteña realizó una presentación para declarar nulo el recurso presentado por el magistrado, y argumentó que afecta la autonomía y compromete la coordinación.
El GCBA informó que un recurso firmado por el Dr. Agustín Luzzi (Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de CABA) fue elevado con carácter urgente a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, argumentando que la medida judicial afecta la autonomía de la Ciudad y compromete la coordinación de las fuerzas de seguridad.
