Se trata del caso ocurrido en la madrugada del 6 de mayo de 2024, cuando un hombre atacó brutalmente a dos parejas de lesbianas en una pensión del barrio porteño de Barracas. El agresor arrojó una bomba molotov casera en su habitación mientras descansaban y las agredió físicamente para impedir que escaparan del fuego. Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante fallecieron a causa del ataque, con extensas quemaduras. Sofía Castro Riglos, de 50 años, es la única sobreviviente y continúa enfrentando las consecuencias de esa noche, precedida por un contexto de discriminación y hostigamiento por su orientación sexual.
La causa judicial tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14. Hasta la fecha, el imputado está acusado de homicidio doblemente agravado por alevosía y por medio idóneo para causar peligro común, y de lesiones graves. Sin embargo, aún no se han contemplado los agravantes por odio a la orientación sexual, femicidio ni la tentativa de homicidio en el caso de Sofía.
En los últimos días, Amnistía Internacional realizó una presentación en la causa judicial por el crimen cometido contra dos parejas de lesbianas en el barrio porteño de Barracas, en mayo de 2024. En el escrito, la organización remarca las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y acerca lineamientos esenciales para garantizar una investigación efectiva cuando se trata de muertes violentas vinculadas a motivos de género y orientación sexual.
El documento fue presentado formalmente ante el juez Edmundo Rabbione del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, y cobra especial relevancia en el contexto de la próxima ampliación de la indagatoria al acusado. Sus contenidos deben regir a lo largo de todo el proceso judicial.
El Estado, a través del Poder Judicial, tiene la obligación ineludible de garantizar una investigación exhaustiva y con debida diligencia reforzada, que contemple el contexto de discriminación estructural en el que ocurrió el crimen.
“Este crimen no fue un hecho aislado. El Poder Judicial debe dar un mensaje claro a todas las víctimas de violencia por motivos de orientación sexual para que puedan confiar en la justicia y denunciar la violencia de género. Nombrar y reconocer la especificidad de la violencia es un paso fundamental para ello. Por eso, la justicia debe estar a la altura y garantizar una adecuada valoración de las circunstancias del crimen, considerando las hipótesis de discriminación y odio a la orientación sexual de las víctimas y de violencia de género”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En paralelo, Amnistía Internacional envió una carta a la fiscal interviniente, Susana Calleja, en la que reitera la necesidad de profundizar la investigación y en orden a determinar la eventual aplicación de los agravantes por odio y femicidio. La comunicación se alinea con los señalamientos de las víctimas, sus familiares y la propia fiscalía.
Un fallo clave: la Cámara ordenó considerar la discriminación por orientación sexual
El 16 de mayo, la Sala 7ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dio un paso significativo al ordenar la ampliación de la indagatoria al agresor y exigir que se contemple la violencia motivada por odio a la orientación sexual de las víctimas. Esta resolución refuerza la necesidad de evaluar la aplicación del agravante previsto en el artículo 80, inciso 4, del Código Penal.
Asimismo, en consonancia con estándares internacionales y protocolos para investigar hechos de violencia de género y contra personas LGBTI+, debe considerarse desde el inicio la hipótesis de femicidio y violencia de género, prevista en el inciso 11 del mismo artículo. En 2024, la Cámara ya recordó que el Estado debe actuar con la máxima diligencia, analizando los hechos con perspectiva de género, según los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
No hay excusas para la inacción del Estado:
El Estado argentino tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la vida, la integridad física y la igualdad sin discriminación por motivos de género u orientación sexual. Esto también implica abstenerse de reproducir narrativas que patologizan y deshumanizan a las personas LGBTI+.
Amnistía Internacional advierte que el crimen se inscribe en un contexto de regresión de políticas públicas en género y diversidad, agravado por la proliferación de discursos estigmatizantes, incluso por parte de autoridades estatales. Estas condiciones profundizan la violencia sistemática que enfrentan muchas personas por su orientación sexual o identidad de género.
Se espera que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias y garantice el acceso a una justicia reparadora, imparcial y con perspectiva de género.
