El Gobierno argentino oficializó el 29 de mayo de 2025 una profunda reforma migratoria a través del Decreto 366/2025, que introduce modificaciones en la Ley de Migraciones y en otras normativas vinculadas a ciudadanía, residencia, deportaciones, salud y educación.
La nueva normativa establece el endurecimiento de requisitos para la ciudadanía desde ahora se establecen condiciones más estrictas para obtener la ciudadanía por naturalización, entre ellas, se destaca que la residencia continua ahora se define como la permanencia ininterrumpida en el país durante dos años, sin ninguna salida al exterior.
A partir de la entrada en vigencia de la neva normativa el otorgamiento de la ciudadanía pasa a ser competencia de la Dirección Nacional de Migraciones, antes en manos del Poder Judicial. Se crea una vía especial de ciudadanía por “inversión relevante”, permitiendo a extranjeros que realicen inversiones significativas obtener la ciudadanía sin importar el tiempo de residencia.
El gobierno informó sobre los nuevos criterios y categorías de residencia y ellos son los siguientes:
Se mantienen las categorías de residentes permanentes y temporarios, y se suma la figura de “residencia precaria”, otorgada por hasta 90 días y renovable, pero que no cuenta como antecedente para residencia permanente ni ciudadanía.
Para obtener residencia permanente se exige acreditar medios económicos y carecer de antecedentes penales.
Se endurecen los controles para evitar el denominado “turismo de natalidad”, dificultando que extranjeros accedan a la residencia por el solo hecho de tener hijos nacidos en Argentina.
La residencia permanente puede perderse si el titular permanece fuera del país más de un año; para los temporarios, el plazo es de seis meses.
También se informó sobre las deportaciones y restricciones de ingreso que entran en vigencia con el Decreto 366/2025:
Se amplían y endurecen los motivos para impedir el ingreso o permanencia de extranjeros, incluyendo antecedentes penales, omisión de información, uso de documentación falsa, o haber sido condenado por delitos graves (pena igual o superior a tres años).
Se facilita la expulsión de inmigrantes ilegales o con condenas, y se prevé la cancelación de residencia y la prohibición de ingreso por cinco años en casos de documentación fraudulenta.
La Dirección Nacional de Migraciones podrá admitir excepciones por razones humanitarias o de reunificación familiar.
El nuevo decreto establece pautas para el acceso a salud y educación pública
Los extranjeros residentes permanentes mantienen el acceso igualitario a la salud pública y educación como los ciudadanos argentinos.
Para no residentes o quienes no tengan residencia permanente, se autoriza el cobro de aranceles en hospitales y universidades públicas, salvo en situaciones de emergencia sanitaria, donde no se podrá negar la atención.
Los residentes temporarios podrán acceder a la educación inicial, primaria y secundaria, pero el acceso a la educación superior y salud pública será arancelado si no cuentan con residencia permanente.
Desde el gobierno indicaron en forma de explicación que el nuevo decreto en materia de migraciones responde a un escenario global de mayores flujos migratorios y busca fortalecer la capacidad del Estado para gestionar estos movimientos, mejorar el control de fronteras y asegurar que la inmigración contribuya al bienestar general y no comprometa la seguridad o estabilidad social. “El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria”, indicaron.
