Fue una pesadilla que duró un mes la que vivieron los vecinos de una torre de 22 pisos en Villa Lugano debido a la falta de fincionamieento de los cuatro ascensores del edificio donde vivian que fueron fueron clausurados por falta de mantenimiento un total de 136 familias quedaron aisladas en sus departamentos.
Los protagonistas de este increoble hecho explicaron que la situación se volvió crítica para personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con niños pequeños. La Justicia intervino con una medida poco común: convocó una asamblea en el palier para destrabar un conflicto de consorcio que llevaba más de un año.
Se trata de un edificio, ubicado en la calle Cafayate al 5100, que colapsó a nivel organizativo cuando la administración del consorcio, a cargo de una mujer identificada como P.P., se negó a rendir cuentas y a presentar documentación clave. Esta opacidad generó divisiones internas que derivaron en una doble administración y en disputas sobre el manejo de las expensas y el mantenimiento edilicio. La clausura de los ascensores fue el punto de quiebre.
Los vecinos informaron que los casos críticos se multiplicaron durante los 34 días sin elevadores. Personas con enfermedades como EPOC, vecinos en silla de ruedas o con lesiones óseas y padres cargando bebés por decenas de pisos fueron parte del paisaje cotidiano. “Me sentía prisionera en mi casa”, relató Cynthia Roldán, una de las copropietarias que impulsó la demanda judicial. La abogada Natalia Navarro, también vecina, sufrió ataques de ansiedad por el encierro y encabezó la presentación legal.
La justicia intervino a través del juez Gustavo Caramelo, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 1 de Capital Federal. Convocó a una asamblea in situ, en el propio palier del edificio, donde los vecinos votaron a mano alzada el rumbo a seguir. En minutos se resolvió una parálisis administrativa que llevaba meses y que afectaba seriamente la calidad de vida de los habitantes de la torre.
