Mientras los trabajadores y la comunidad del hospital pediátrico más importante del país hablan de una política de vaciamiento por parte del gobierno nacional, el Ejecutivo propone un “plan de eficiencia” y afirma que quiere echar a los “ñoquis” del nosocomio del barrio porteño de Parque Patricios.
El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad de Argentina, enfrenta un conflicto agudo centrado en la crisis salarial y el deterioro de las condiciones laborales. Los principales puntos de reclamo son la falta de recomposición salarial durante más de un año, lo que llevó a una pérdida del poder adquisitivo estimada entre el 40% y el 60% en el último año. Otro tema que preocupa Renuncias masivas y éxodo de profesionales capacitados, lo que pone en riesgo la atención y funcionamiento del hospital.
Los trabajadores afirman que las condiciones laborales cada vez más precarias, agravadas por la falta de respuesta efectiva a los reclamos del personal de salud y residentes.
El conflicto se intensificó por la falta de propuestas salariales concretas por parte del Gobierno. Los residentes y profesionales realizaron paros y movilizaciones, exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales dignas. A pesar de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, las protestas continuaron, aunque con suspensión temporal de medidas de fuerza en algunos casos.
El hospital llegó a presentar una medida cautelar ante la justicia para que los residentes retomen sus tareas, argumentando riesgo inminente para la salud de los pacientes debido a la falta de personal en áreas críticas y de internación.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y la viceministra Cecilia Loccisano, reconoce que los salarios son bajos, pero sostiene que el problema principal es la mala administración y distribución de los recursos, no la falta de fondos. Entre las acciones implementadas y propuestas se encuentran:
Implementación de un sistema de control biométrico para auditar el presentismo y los horarios del personal, justificando la medida como una forma de eliminar irregularidades administrativas.
Evaluación de un “plus por productividad” para los médicos, aunque aún sin detalles concretos.
Condicionar nuevas propuestas salariales a la suspensión de las medidas de fuerza por parte de los residentes durante 48 horas para sentarse a dialogar.
El Gobierno insiste en que el hospital no está desfinanciado y que el dinero existe, pero no llega a donde debe debido a la estructura administrativa y presuntos privilegios de algunos sectores.
Los trabajadores, residentes y gremios del Garrahan rechazan que el problema sea solo de gestión y denuncian un vaciamiento progresivo del hospital, con salarios por debajo de la línea de pobreza y una sobrecarga laboral que amenaza la calidad de la atención médica. Consideran que la conciliación obligatoria y las medidas de control no resuelven el núcleo del conflicto, que es la recomposición salarial y la mejora de las condiciones laborales.
