Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento ubicado en la calle San José, barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires.
La defensa de la exmandataria, encabezada por los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un escrito de 13 páginas ante el Tribunal Oral Federal 2, donde argumentan que la detención en un establecimiento penitenciario resulta incompatible con las condiciones de seguridad que debe garantizarse a una persona que fue presidenta de la Nación y que, además, cuenta con información confidencial que requiere custodia especial. Asimismo, recordaron el intento de homicidio sufrido por Kirchner el 1 de septiembre de 2022, cuando un atacante le disparó a centímetros de la cara, lo que refuerza la necesidad de medidas de protección estrictas.
Entre los fundamentos, la defensa destacó la edad de la ex presidenta, 72 años, que la habilita a solicitar prisión domiciliaria según la ley argentina, aunque este beneficio no es automático. También pidieron que no se le imponga el uso de tobillera electrónica, alegando que la custodia permanente de la Policía Federal garantiza el cumplimiento de la detención domiciliaria sin riesgos de fuga o incumplimiento.
El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, ordenó a Cristina Kirchner y a los demás condenados presentarse en un plazo de cinco días hábiles en los tribunales de Comodoro Py para iniciar el cumplimiento de la pena. Además, solicitó a la ministra de Seguridad que asigne una dependencia adecuada para el alojamiento, teniendo en cuenta la edad, la seguridad y el intento de homicidio sufrido por la ex presidenta.
El pedido de prisión domiciliaria deberá ser resuelto por el Tribunal Oral, previa consulta a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ya solicitaron la inmediata detención de Kirchner y los demás condenados.
Este trámite se enmarca en la causa por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, donde la Corte Suprema ratificó la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina Fernández de Kirchner ha rechazado las acusaciones, calificándolas como una persecución política.
Mientras se define su situación, la ex presidenta continúa residiendo en su departamento de la calle San José, desde donde saludó a sus seguidores tras la resolución del máximo tribunal, reafirmando su postura y compromiso político.
