El presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia para Bahía Blanca y Coronel Rosales, aprobada por el Congreso para asistir a las zonas afectadas por las inundaciones de marzo de 2025. La norma, sancionada por unanimidad en ambas cámaras, contemplaba la declaración de emergencia por 180 días y la creación de un fondo especial de 200 mil millones de pesos destinado a la asistencia y reconstrucción de la ciudad bonaerense.
El veto fue oficializado mediante el Decreto 424/2025, firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y publicado en el Boletín Oficial. El Ejecutivo argumentó que las medidas previstas en la ley ya fueron adoptadas mediante el Decreto 238/25, que estableció el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), gestionado por el Ministerio de Seguridad, por lo que la ley vetada resultaría redundante.
El proyecto vetado incluía, además del fondo especial, la suspensión de obligaciones contractuales para los damnificados, la priorización de mano de obra local en obras de infraestructura, líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación y la exención de impuestos y tasas en coordinación con el gobierno bonaerense.
La decisión del Ejecutivo generó rechazo en sectores de la oposición, que anunciaron que insistirán en el Congreso para que se sancione la emergencia y se implementen las medidas de apoyo económico y social para los afectados por el temporal. Por su parte, el Gobierno sostiene que las acciones ya implementadas son suficientes para atender la situación.
La controversia se da en un contexto de creciente demanda social para acelerar la reconstrucción y brindar alivio a los habitantes de Bahía Blanca y Coronel Rosales, quienes continúan enfrentando las consecuencias de las lluvias extraordinarias que provocaron graves daños en marzo pasado.
