Jueza estadounidense ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF en fallo histórico
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió un fallo que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF, la petrolera de mayoría estatal, a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, beneficiarios de un juicio por la expropiación de la compañía en 2012. Esta decisión, anunciada el 30 de junio de 2025, representa un nuevo y contundente revés para Argentina en un litigio que ya lleva más de una década y que suma una deuda que supera los 16.100 millones de dólares más intereses.
El fallo establece que Argentina debe realizar la transferencia a una cuenta de custodia global en el Banco de Nueva York Mellon en un plazo de 14 días, tras lo cual se procederá al cambio de titularidad a favor de los demandantes o sus designados. La jueza fundamenta su resolución en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos, argumentando que la propiedad estatal utilizada para actividades comerciales en ese país no goza de inmunidad frente a la ejecución judicial.
Este proceso judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino recuperó el control mayoritario de la petrolera que estaba en manos del grupo español Repsol. Mientras Repsol fue indemnizado en 2014 con 5.000 millones de dólares, los accionistas minoritarios, como Petersen Energía y Eton Park Capital, que poseían un 25,4% del capital, no recibieron compensación adecuada y demandaron al país por no haber realizado una oferta pública de adquisición como exige la ley. En 2023, la justicia estadounidense condenó a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, monto que aún no fue abonado.
El presidente argentino, Javier Milei, anunció que el país apelará el fallo en todas las instancias posibles para defender los intereses nacionales, aunque expertos legales advierten que menos del 10% de las sentencias de primera instancia son revertidas en tribunales superiores de EE.UU., lo que reduce las chances de éxito de la apelación y obliga a considerar una negociación con los fondos demandantes.
El fallo de la jueza Preska también criticó la falta de colaboración del Estado argentino durante el proceso, señalando que mientras Argentina solicitaba deferencia a la justicia estadounidense, se negaba a cumplir con la sentencia firme, lo que complicó aún más la situación legal y financiera del país.
Este nuevo capítulo en el litigio por YPF genera un escenario complejo para el Gobierno argentino, que ahora enfrenta la posibilidad concreta de perder el control mayoritario sobre la petrolera estatal si no logra revertir o negociar la sentencia. Además, el fallo abre la puerta a futuras medidas cautelares y embargos sobre otros activos argentinos en Estados Unidos, en medio de un contexto de creciente presión internacional para saldar la deuda derivada de la expropiación.
La orden judicial de entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos acreedores marca un punto crítico en la disputa legal por la reestatización de la petrolera y obliga a Argentina a buscar soluciones urgentes para evitar un impacto mayor en su soberanía energética y financiera.
