El Gobierno cancela el desfile militar del 9 de Julio por razones presupuestarias

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El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, decidió suspender el tradicional desfile militar que se realiza cada 9 de Julio para conmemorar el Día de la Independencia. La medida fue confirmada por fuentes del Ministerio de Defensa y responde a una política de austeridad y ahorro de fondos públicos en un contexto económico complejo.

El desfile de 2024, que marcó el regreso de esta tradición tras años de ausencia durante las administraciones kirchneristas, contó con la participación de más de 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, 62 aeronaves, 79 vehículos de combate y más de 2.000 veteranos de la Guerra de Malvinas. La organización de aquel evento implicó un gasto superior a los 720 millones de pesos, cifra que, actualizada por inflación, habría superado los 1.000 millones de pesos para esta edición de 2025.

Ante este escenario, el Ministerio de Defensa no emitió órdenes para preparar el desfile, dejando claro que no habrá alistamiento ni comunicación oficial sobre su realización. La decisión también se da en medio de un creciente malestar dentro de las Fuerzas Armadas, que reclaman mejoras salariales y denuncian la crítica situación financiera de su obra social, IOSFA, con una deuda millonaria.

Este cambio de rumbo genera un debate sobre las prioridades del gasto público y la valoración de los símbolos patrios en la agenda oficial. La suspensión del desfile pone fin, al menos por este año, a una tradición que ha atravesado distintas etapas en la historia política argentina: desde su suspensión durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, su reactivación en la gestión de Mauricio Macri, hasta la realización en 2024 bajo la administración actual.

El desfile militar del 9 de Julio no solo es un acto de exhibición castrense, sino también un momento simbólico para la Nación, que este año quedará ausente en el calendario oficial. La medida refleja la compleja situación económica que atraviesa el país y las decisiones que el Gobierno toma para priorizar el uso de los recursos públicos.

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