Un día 8 de julio del año 2009 Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco fueron asesinados por Daniel Santiago Veyga, oficial de la Policía Federal. El caso demuestra el accionar cómplice de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y otras dependencias del Estado. El próximo sábado 9 Día de la Independencia se llevará a cabo un festival en el barrio porteño de Villa Lugano en memoria de los jóvenes.
La cita es en la comuna 8 desde las 13 horas en Fonrouge y Chilavert en Lugano, donde se llevará a cabo un festival en memoria de los jóvenes, bajo la consigna “el dolor se transforma en lucha”, y que incluirá diversas actividades.
En una nota de Diego Moneta se detallan los hechos ocurridos “Kiki había sufrido hostigamiento policial en reiteradas ocasiones, incluido el día anterior. Su familia presentó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 52ª y, tras estar desaparecidos durante dos meses, recién el 14 de septiembre se les informó que estaban enterrados como NN en el Cementerio de Chacarita -donde también apareció Luciano Arruga-, a pesar de que el juez Facundo Cubas ya tenía la identificación. A ello hay que sumar la responsabilidad del personal del Hospital Piñero, el Registro Nacional de las Personas y de la morgue judicial que nunca registraron ni dieron aviso”.
El caso demuestra que la matanza de pibes de barrios populares en manos de fuerzas de seguridad sigue siendo sistemática en nuestro país y que el entramado también involucra el accionar del poder judicial. Cubas, del Juzgado Nacional de Instrucción Nº 49, y el fiscal Andrés Madrea, en una investigación a espaldas de la familia y a cargo de la misma fuerza federal, acordaron el sobreseimiento de Veyga por entender que era un caso de legítima defensa., siguiendo al pie de la letra la justificación del uniformado.
El camino de injusticia para las familias está plagado de irregularidades, entre las que se encuentran la desaparición de pruebas, el lavado del auto del acusado y la falta de declaraciones de testigos, pero por sobre todo de desidia. A fines de 2011, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la decisión y Cubas fue apartado, por lo que Juan María Ramos Padilla se hizo cargo. Sin embargo, dado el paso del tiempo y el principio de duda, volvió a confirmar la disposición inicial.
Tras ocho años de mucho esfuerzo, la causa fue reabierta y se llegó a juicio oral y público, aunque las provocaciones siguieron: se buscó impedir concentraciones en la puerta del recinto, no se permitió el ingreso de la prensa a la sala, se valló el edificio, el acusado se negó a declarar y hubo testimonios contradictorios. A pesar de que el perito encargado de la autopsia ratificó que los disparos fueron una ejecución. A pesar de ello, el Tribunal Oral Criminal N° 16, conformado por Inés Cantisani, María Cristina Bertola y Gustavo González Ferrari, dictaminó la absolución de Veyga. Luego de varias apelaciones, y en plena pandemia, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario.
Al Poder Judicial “siempre le molestó que echemos luz sobre lo que hicieron con la investigación”, aseguró Matías Busso, abogado de la familia Lezcano. El caso todavía aguarda el tratamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras los familiares pueden cruzarse a Veyga uniformado y armado por la calle, dado que sigue siendo parte de la Policía Federal. “El Estado en general es responsable, pero esto tiene nombres y apellidos”, remarcó Angélica Urquiza, madre de Kiki. Sobre nota publicada por la Agencia Paco Urondo
