En las últimas horas el bloque de legisladores del Frente de Todos presentó un pedido de informes para conocer si habrá modificaciones en la compatibilidad del programa con los planes sociales.
Recientemente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó un Decreto a través del cual se declaró la incompatibilidad del programa “Ciudadanía porteña” con varios planes sociales, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un pedido de informes para obtener detalles acerca de la medida.
Los legisladores preguntan sobre “los motivos por los que el Gobierno de la Ciudad decidió la incompatibilidad del programa Ciudadanía Porteña con subsistemas no contributivos y de planes, programas o subsidios sociales, nacionales, provinciales, municipales y/o del Gobierno porteño” y le exigirán al Ejecutivo local que informe “si se tiene planificado modificar otros requisitos o compatibilidad de programas que ejecuta la Ciudad y que otorgan derechos, algún tipo de asistencia y/o beneficio a las personas con vulnerabilidad social”.
Los ediles solicitan información sobre la cantidad de personas que se verían afectadas por esta incompatibilidad; los procedimientos y cómo se llevará a cabo la baja del programa Ciudadanía Porteña al detectarse incompatibilidades; y las “políticas públicas el Gobierno de la Ciudad planea realizar para que las personas que están alcanzadas por los programas que serían incompatibles con Ciudadanía Porteña, puedan acceder a mayores ingresos para disminuir la desigualdad” en la ciudad ms rica del país, expresaron.
Entre los fundamentos del pedido de informes, los legisladores señalaron en forma explicativa que “el programa Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho brinda un refuerzo alimentario a los hogares con vulnerabilidad social, que fue creado por la Ley Nº 1878 de la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a funcionar en noviembre de 2005” e indicó que “el subsidio se entrega a través de una tarjeta magnética precargada, emitida por el Banco Ciudad y Cabal, que se utiliza únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar”.
También indicaron que “Este mes mediante la resolución 246/2022 de la ANSES el Gobierno de Alberto Fernández eliminar las incompatibilidades de la Asignación Universal por Hijo con otros programas del mismo tipo que existan en otras jurisdicciones”, precisaron y consideraron que “los programas que benefician a millones de personas no son un plan social sino un derecho otorgado por el Estado a personas y familias en situación de vulnerabilidad social. Considerando los niveles de desigualdad social en la Ciudad, quitar la compatibilidad de programas que aminoran la misma, es de suma preocupación”.
Otro argumento de justificación de su pedido un relevamiento del CEM (Centro de Estudios Metropolitanos) conformado por la Universidad Arturo Jauretche, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y la Universidad Nacional de Hurlingham, realizado en junio del 2022, a la desigualdad histórica entre el norte y el sur de la Ciudad, se le sumó en los últimos años una profundización de las diferencias entre ambos sectores de la Ciudad. Por ejemplo, durante el 2020 los hogares más ricos recibieron 8,3 más ingresos que los hogares más pobres. En 2015, esa diferencia era de 6,7”.
Finalmente recordaron que “el mismo informe sostiene que la zona sur presenta los peores indicadores en la materia: 24% de los ocupados son empleados informales, un problema que casi no afecta a los trabajadores de zona norte (9%). Otra vez, los jóvenes del sur son los más afectados: 60% de ellos trabaja de manera informal y resaltaron que el informe señala que “más de la mitad de los hogares de la zona sur, conformada por los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y La Boca, entre otros, tienen ingresos inferiores a los necesarios para cubrir los gastos de la canasta básica por lo que se encuentran en situación de pobreza”.
