Otra vez fuerzas de seguridad de la ciudad y federales volvieron a reprimir a jubilados que protestaban por el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria, tras el veto del Gobierno de extrema derecha, el poder adquisitivo de los jubilados argentinos está en un mínimo histórico y las protestan comienzan a masificarse.
Manifestantes jubilados junto con organizaciones políticas participaron en la marcha convocada por organizaciones sociales y jubilados para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria y fueron nuevamente reprimidos con palos y rociados con gas pimienta /lacrimógeno en las afueras del Congreso.
Este miércoles marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de ajuste previsional aprobada por el Congreso, que apuntaba a establecer una recomposición salarial para los jubilados y jubiladas equivalente al 8,1 por ciento, para hacer menos vulnerable la situación del sector ante la creciente inflación y la política económica del libertario.
La marcha estuvo organizada por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, que representa a decenas de agrupaciones.
Las fuerzas de seguridad apostadas frente a los manifestantes movilizados, actuó de manera similar al miércoles pasado, cuando una concentración fue reprimida con gases lacrimógenos y bastonazos en el marco del “protocolo antipiquetes” impulsado por la ministra Patricia Bullrich.
Los jubilados expresaron su indignación por la represión y señalaron que cuatro fuerzas federales comandadas por Patricia Bullrich, con palos, gases, camiones hidrantes y policía motorizada reprimieron organizaciones de jubilados y a decenas de manifestantes que acompañan el reclamo contra el veto de Milei.
Los jubilados reclaman que el Congreso anule el veto, argumentando que lo que está en juego no es sólo el aumento, sino también la falta de transferencia de fondos de impuestos nacionales a las cajas jubilatorias provinciales por parte del Gobierno y su negativa a pagar sentencias judiciales a su favor.
Esta nueva marcha continúa la campaña de recolección de un millón de firmas contra el veto, coordinada por 35 agrupaciones de jubilados, entre las que se encuentran tanto organizaciones históricas como nuevos espacios surgidos en respuesta a los ajustes del gobierno de Javier Milei.
