En el día de ayer el vocero presidencial informó que el Presidente Javier Milei decidió disolver la AFIP y crear en su lugar un nuevo organismo con una estructura más simple, más eficiente y menos costosa. De esta manera, el Gobierno Nacional destruirá los circuitos corruptos, eliminará privilegios del pasado y optimizará la gestión pública, aseguraron en un comunicado en X.
En reemplazo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el Gobierno creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se reducirá al 45% de las autoridades superiores y 31% en niveles inferiores y según cálculos oficiales, implicaría un ahorro de ARS$6.400 millones anuales.
El vocero presidencial Adorni informó que la AFIP “dejará de existir”, con un rebranding que anuncia el diluvio: se llamará Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Allí se dividirán tareas la nueva Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas, que funcionaban hasta la década de los 90. Habrá reducción del 34% de la planta.
Ahora el ARCA funcionará en conjunto con las Direcciones Generales de Impuestos y de Aduanas, que quedarán bajo la órbita del Ministerio de Economía. Además, se anunció que Andrés Gerardo Vázquez tomará el control de la DGI y José Andrés Velis de la DGA.
El Gobierno todavía no especificó que pasará con el cobro de impuestos ni con el monotributo tras el cierre del organismo recaudador, pero se prevé que serán gestionados y cobrados a través del ARCA, que absorberá las principales funciones de la AFIP.
El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) convocó a una asamblea general para sus trabajadores y expresó su enérgico rechazo a la disolución de la AFIP, medida que anunció este lunes el Gobierno de Javier Milei.
“En atención al comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación en el día de hoy, el SUPARA manifiesta su total y enérgico repudio y rechazo a la disolución de la AFIP y a la desvinculación masiva de
trabajadores del organismo. Esta medida, además de intempestiva, es violatoria de la Constitución Nacional y de las normas laborales vigentes”, sostiene el comienzo del comunicado.
Considera que “el anuncio del despido masivo de 3.155 agentes de la AFIP (ingresados bajo procesos de selección debidamente auditados) constituye una clara violación a los derechos laborales consagrados en nuestra Carta Magna”.
Además, indica que “los trabajadores involucrados gozan de la estabilidad garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual protege a los empleados públicos de la arbitrariedad y abuso de poder por parte del gobierno. Esta estabilidad no puede ser vulnerada bajo excusas administrativas ya que atenta contra la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante la ley”.
