El Gobierno ha formalizado la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública a través del Decreto 959/2024, que fue publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Esta medida, anunciada recientemente por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro Sturzenegger, impide que familiares o cónyuges de empleados fallecidos ocupen sus puestos en entidades como la AFIP, el Banco Central y el Banco Nación. Hasta ahora, esta práctica era común.
El decreto justifica esta decisión mediante una serie de consideraciones que subrayan los principios de igualdad, mérito y transparencia en la administración pública. Se menciona que “la Constitución Nacional reafirma la visión liberal de nuestra República al establecer en su Preámbulo el objetivo de garantizar los beneficios de la libertad y el ejercicio de las libertades individuales”.
Además, se declara que cualquier diferenciación normativa que favorezca a una persona para acceder a un empleo por razones de parentesco es arbitraria e irrazonable. En un sistema democrático y constitucional, la igualdad jurídica debe reflejar la igualdad de oportunidades. El texto también hace referencia a antecedentes normativos, como el Decreto n.º 732/18, que ya había instruido a los organismos del sector público a evitar privilegios basados en vínculos familiares.
Sin embargo, se observa que esta normativa no había sido completamente efectiva, ya que instituciones como el Banco Central habían restablecido la posibilidad de acceso hereditario a ciertos cargos. El decreto prohíbe explícitamente cualquier privilegio basado en vínculos familiares para acceder a empleos en el Sector Público Nacional, independientemente del tipo de contratación. Las reparticiones públicas tendrán un plazo para ajustar sus normativas y eliminar estos privilegios.
Asimismo, se instruye a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano a no homologar convenios colectivos que contengan disposiciones contrarias a esta normativa. La medida también invita a provincias y municipios a adoptar regulaciones similares.
Esta disposición tiene como objetivo eliminar prácticas antiguas que fomentan una “casta laboral” y refuerza la política gubernamental de reducir la planta estatal. Adorni afirmó: “El delirio que se está sepultando hoy es parte de la misma lógica que reinaba en Argentina hasta el 10 de diciembre. En esta Argentina, nadie tiene sangre azul”.
Decreto 959/2024
Restricción de Prácticas Hereditarias: El decreto prohíbe explícitamente los privilegios de acceso a cargos públicos basados en parentesco, relación política o afinidad con personas en puestos de influencia. Se implementarán auditorías internas para asegurar que los procesos de selección se rijan exclusivamente por mérito y competencia.
Concursos Abiertos y Públicos: Todos los concursos para ingresar a la administración pública deberán ser abiertos y accesibles al público en general. Se exigirán procesos de selección competitivos, con requisitos previamente especificados, para evitar favoritismos.
Comités de Evaluación Independientes: La normativa ordena la formación de comités de evaluación compuestos por miembros independientes, quienes supervisarán que las selecciones sean imparciales. Estos comités deberán elaborar informes públicos sobre cada concurso, garantizando así la transparencia.
Sanciones a Irregularidades: Se establece un régimen de sanciones para los funcionarios que incumplan con las nuevas normativas o favorezcan prácticas de nepotismo. Las sanciones van desde la suspensión hasta la destitución y se aplicarán según la gravedad de la infracción.
Supervisión y Auditoría: El decreto habilita auditorías periódicas a cargo de la Oficina Anticorrupción para verificar que los procesos de selección sean transparentes y que no exista interferencia indebida en la selección de personal.
