La legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires aprobó este jueves un polémico proyecto que autoriza el uso de tecnologías de reconocimiento facial como herramientas de seguridad para la detención de personas prófugas de la justicia. El cuestionado proyecto de ley fue aprobado con los votos del bloque Vamos Juntos, Evolución, el Partido Socialista, Gen y Consenso Federal. Si bien el proyecto originalmente fue presentado por la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira este bloque terminó votando en contra del proyecto junto con Autodeterminación y Libertad y el Frente de Izquierda.
El proyecto aprobado en el día de ayer fue rechazado por organizaciones no gubernamentales de peso como Amnistía Internacional y el CELS quienes tildaron al sistema de reconocimiento facial como una amenaza para la propiedad privada, el derecho de a la no discriminación y la presunción de inocencia además de marcar los problemas que suelen tener estas tecnologías. Beatriz Busaniche, representante de Vía Libre y especialista en privacidad, expresó en dialogo con la agencia Télam que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “implementó (el sistema) como un hecho consumado, comprando una tecnología con un proceso poco transparente, la implementación está floja de papeles y ahora la Legislatura lo legitima”.
Claudio Cingolani, diputado de Vamos Juntos, defendió la confección de la ley, dijo que el proyecto votado no sólo no tuvo grandes cambios respecto del presentado inicialmente por el FdT y que, además, se realizaron reuniones con las organizaciones para escuchar diversas posturas. “Tuvimos una reunión con siete organizaciones civiles preocupadas en este tema, han venido funcionarios del Ejecutivo para despejar dudas”, señaló el presidente de la comisión de Seguridad.
Por su parte Myriam Bregman señaló “Este sistema legaliza la peligrosa búsqueda sistematizada de personas a partir de la información biométrica y ha sido denunciado en el mundo entero por discriminación y persecución”, siendo una de las más férreas opositoras al proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Pública. Su compañera de bancada Alejandrina Barry manifestó “no tendríamos que estar discutiendo aquí, sino en la Comisión de DDHH.
Porque los cuestionamientos a este sistema de vigilancia han sido realizados por organismos de DDHH y asociaciones civiles que se expresaron por cartas y comunicados”, reclamando por la omisión del debate del proyecto en la Comisión de Derechos Humanos, Garantias y Antidiscriminación de la Legislatura Porteña, presidida por Victoria Montenegro del FDT
