Un total de 131 familias que vivían a la vera del arroyo del Rey en los barrios El trébol, San Pablo y El encuentro se mudaron al complejo de viviendas Barrio Lindo en el Municipio de Almirante Brown. Por su parte, en el Municipio de Esteban Echeverría hoy se alcanzará un total de 107 familias mudadas, que hasta ahora habitaban en las márgenes del arroyo Ortega en los asentamientos La Morita y San Ignacio.
Estas soluciones habitacionales permiten mejorar la calidad de vida de la población, así como recuperar la ribera de los arroyos y mejorar su gestión ambiental. Las familias recibieron elementos para preparar las mudanzas y un kit de limpieza para el ingreso a las nuevas viviendas.
El director general de Gestión Política y Social de ACUMAR, Antolín Magallanes, la coordinadora de Intervención Social, Paula Rodino, y el coordinador de Hábitat y Planeamiento Urbano, Álvaro Argüello, estuvieron este jueves en Barrio Lindo con el objetivo de evaluar los avances en el proceso de mudanza que se lleva adelante junto al gobierno local.
“Se pudo finalizar una obra que estuvo parada durante años por impericia del gobierno anterior. La pudimos llevar adelante y esto implica que muchísimas familias dejen de vivir en situación de riesgo ambiental. Es un barrio con buena infraestructura, con todo el equipamiento público en funcionamiento: asfalto, iluminación, agua, luz y gas, así que estamos muy conformes”, destacó Magallanes.
Barrio Lindo cuenta con un salón de usos múltiples, un nuevo Centro de Salud (al que ya se traspasaron las historias clínicas digitales de las, les y los vecinos) y próximamente se comenzará con la construcción de un polideportivo. Se espera finalizar la actual etapa de mudanzas el próximo 15 de diciembre, mientras que en febrero y marzo de 2023 iniciaría el ingreso de otras 100 familias de distintos barrios.
De cara al proceso de mudanza en el distrito, ACUMAR ha llevado adelante durante este año un trabajo integral junto a la comunidad y el gobierno local con el objetivo de mejorar la calidad de vida en múltiples dimensiones. Además, todo el proceso fue supervisado por la Defensoría General de la Nación y se realizó en el marco del Protocolo para el abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la Cuenca.
