Asi lo informaron la familia y los representantes legales del joven asesinado en el barrio de Barracas el pasado 18 de noviembre, víctima de las heridas producidas por integrantes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, Héctor González padre del joven y su bogado Gregorio Dalbon indicaron a la prensa que denunciarán al juez de la causa, Martín Del Viso, ante el Consejo de la Magistratura, por prevaricato y mal desempeño de sus funciones
Héctor González expresó “Vamos a iniciarle una denuncia al juez Del Viso por prevaricato porque consideramos que todo estaba yendo a buen puerto y de repente hay cosas que no podemos dejar pasar o mirar hacia otro lado con las decisiones erróneas que está tomando”.
En el mundo del derecho y las leyes se entiende por “Prevaricato”, al delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público.
Además el padre de la víctima indicó “Consideramos que todo estaba yendo a buen puerto y de repente hay cosas que no podemos dejar pasar o mirar hacia otro lado con las decisiones erróneas que está tomando”.
La decisión de la familia y de sus representantes llegó después de conocerse la noticia que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 no dio lugar en los últimos días al pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien había requerido la detención de otras cinco personas por encubrimiento y ampliar la lista. Los acusados en este caso eran el comisario mayor Fabián Lencina, las abogadas Verónica Gabriela Andraca y su jefa, Silvia Alejandra Ozón, y los oficiales Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas.
Además, el fiscal solicitó nuevamente las detenciones de las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña, quienes fueron liberadas por falta de mérito por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. A ellas se le apunta el procesamiento al presentar el informe final del peritaje odorífico, en el cual se indicó que habían manipulado la réplica del arma hallada en el auto.
